Ni “represión violenta” en Gualeguaychú, como marco de la escenográfica detención por un par de horas de Alfredo De Angeli, ni política de “no represión” por parte del gobierno kirchnerista a las auténticas expresiones de protesta social. Como en todas las dimensiones de esta disputa al interior del modelo agro exportador por la renta extraordinaria que genera la soja transgénica, también en el plano de la represión los dos polos del conflicto juegan a ver quién miente mejor, mientras los sectores populares que sufren el crecimiento del hambre y la pobreza permanecen al margen de la agenda mediática y continúan siendo, como siempre, las víctimas reales de la criminalización y la judicialización de la protesta y la auto organización. Los pobres de La Quiaca, en Jujuy, y Pepino Fernández, el referente de los desocupados de General Mosconi, en Salta, son ejemplos claros de este fenómeno.
El ex menemista y romerista Juan Manuel Urtubey, el ahora ultrakirchnerista gobernador de Salta, no es precisamente lo que se llama un dirigente independiente del gobierno central a la hora de tomar decisiones. No fue por casualidad su provincia la elegida para el acto con el que Cristina Kirchner intentó producir la contracara de la concentración convocada por los patrones del campo en Rosario, el 25 de mayo pasado. La abrupta detención por tres días de Pepino Fernández, cabeza de la Unión de Trabajadores Desocupados de General Mosconi –una de las cunas históricas de la organización y las formas de lucha de los desocupados en la Argentina-, a partir de la resurrección de una vieja causa por un corte de 2005, no puede ser atribuida, por eso mismo, a una política autónoma de los salteños respecto de la protesta social, cuando en el país hay más de 7 mil militantes sociales procesados por luchar, y más de la mitad de ellos están en esa situación a partir de 2003, cuando se inicia la era kirchnerista. Tampoco lo es el hecho de que Urtubey impulsa como nuevo integrante de la Suprema Corte de Justicia de su provincia al juez Abel Cornejo, el mismo que avaló judicialmente –y durmió las causas correspondientes- de las violentas represiones de 2000 y 2001 en General Mosconi en el marco de las cuales las fuerzas de seguridad asesinaron a Aníbal Verón, Carlos Santillán y Oscar Barrios.
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El ex menemista y romerista Juan Manuel Urtubey, el ahora ultrakirchnerista gobernador de Salta, no es precisamente lo que se llama un dirigente independiente del gobierno central a la hora de tomar decisiones. No fue por casualidad su provincia la elegida para el acto con el que Cristina Kirchner intentó producir la contracara de la concentración convocada por los patrones del campo en Rosario, el 25 de mayo pasado. La abrupta detención por tres días de Pepino Fernández, cabeza de la Unión de Trabajadores Desocupados de General Mosconi –una de las cunas históricas de la organización y las formas de lucha de los desocupados en la Argentina-, a partir de la resurrección de una vieja causa por un corte de 2005, no puede ser atribuida, por eso mismo, a una política autónoma de los salteños respecto de la protesta social, cuando en el país hay más de 7 mil militantes sociales procesados por luchar, y más de la mitad de ellos están en esa situación a partir de 2003, cuando se inicia la era kirchnerista. Tampoco lo es el hecho de que Urtubey impulsa como nuevo integrante de la Suprema Corte de Justicia de su provincia al juez Abel Cornejo, el mismo que avaló judicialmente –y durmió las causas correspondientes- de las violentas represiones de 2000 y 2001 en General Mosconi en el marco de las cuales las fuerzas de seguridad asesinaron a Aníbal Verón, Carlos Santillán y Oscar Barrios.
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