El histórico primer juicio oral y público por violaciones a los derechos humanos en Tucumán durante la dictadura militar, en el que están imputados los represores Antonio Bussi y Luciano Benjamín Menéndez, cominza el martes 5 de agosto. Será transmitido en vivo por canal 7.
En la primera audiencia en la sede el Tribunal Oral en lo Criminal Federal, leerán la acusación que pesa contra los militares retirados por la desaparición del ex senador provincial justicialista Guillermo Vargas Aignasse, en 1976.
Inmediatamente después, Gabriel Casas, vocal que conducirá las audiencias de debate, preguntará al fiscal Alfredo Terraf (impulsa la acusación) y a las defensas (Amalina Assaf, por Bussi, y Horacio Guerineau, por Menéndez) si hay cuestiones previas (planteos de incompetencia, excepciones, etc.) que deban formular.
Luego de resolver las cuestiones preliminares o diferir su tratamiento, los vocales (Casas, Carlos Jiménez Montilla y Josefina Curi) preguntarán a los imputados si quieren decir algo, tras lo cual terminará la primera audiencia, y a partir del miércoles comenzarán a declarar los 27 testigos ofrecidos por las partes.
Con audiencias que se desarrollarán de martes a jueves, las declaraciones de testigos se sucederán hasta el jueves 14, mientras que el 21 las defensas (oficial en el caso de Bussi) y el fiscal efectuarán sus alegatos para que una semana más tarde sea leída la sentencia.
Pese a que están imputados en más de 500 causas, es la primera vez que Bussi y Menéndez deberán responder por la presunta comisión de los delitos de violación de domicilio y violación ilegítima de la libertad agravada, aplicación de tormentos reiterados, homicidio calificado y asociación ilícita en perjuicio de Vargas Aignasse.
Leer todo el artículoCuando el 27 de diciembre de 2007 dispuso la elevación a juicio de la causa, el juez federal Daniel Bejas concluyó que todos los hechos ilícitos debían ser imputados en concurso real con el delito de lesa humanidad y dentro del marco del delito de genocidio previsto por el Derecho Penal Internacional y los tratados internacionales firmados por la Argentina.
El juicio oral fue posible luego de que el miércoles el Tribunal Oral concluyó que Bussi estaba en condiciones mentales de hacer frente a la imputación que pesa sobre él, basándose en un informe de Gustavo Rudelir, del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Rudelir debió ser convocado (vino a Tucumán el martes 29 de julio, ocasión en la que examinó a Bussi) luego de que una junta de seis profesionales tucumanos había determinado que el ex gobernador no estaba en condiciones de comprender plenamente las consecuencias de sus actos.
Como el fiscal Terraf cuestionó las supuestas contradicciones entre las premisas y las conclusiones del informe, el Tribunal Oral solicitó la intervención de los forenses de la Corte y, a partir del diagnóstico de Rudelir, determinó que el militar retirado debía comparecer.
El viernes Menéndez fue trasladado desde la cárcel cordobesa de Bower, donde cumple una condena de reclusión perpetua, hasta los ex Arsenales Miguel de Azcuénaga de Tucumán (allí será alojado durante el desarrollo del juicio), mientras que Bussi cumple detención domiciliaria en la casa de un familiar.
Precisamente, la Justicia Federal lleva adelante una investigación en los ex Arsenales, ubicados en las afueras de la capital tucumana y que fueron señalizados como lugar en el que durante la dictadura militar funcionó un centro clandestino de detención de personas, para determinar si en el sitio fueron enterrados restos de desaparecidos.
Menéndez, de 81 años, tiene una larga vinculación militar con Tucumán, porque entre 1970 y 1973 ejerció importantes cargos en la V Brigada de Infantería, entonces con asiento en Tucumán, y entre 1975 y 1979 encabezó el III Cuerpo de Ejército, del que dependía la unidad tucumana, a la que solía visitar con frecuencia durante la dictadura.
Bussi, de 82 años, encabezó la V Brigada de Infantería entre diciembre de 1975 y 1977 y a partir del golpe de Estado ejerció la intervención militar de la provincia, período durante el cual desaparecieron o fueron asesinadas centenares de personas.
Tras la vuelta de la democracia, fundó Fuerza Republicana, partido por el que fue elegido gobernador (1995-1999) e intendente de la capital tucumana -entre otros cargos- en junio de 2003, pero no pudo asumir, porque 15 días antes de la fecha prevista fue detenido por la causa "Vargas Aignasse", por la que ahora será finalmente juzgado.
Télam, 05 – 08 – 08
La Quinta Pata
