Mostrando entradas con la etiqueta Mendoza-Ago2008. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Mendoza-Ago2008. Mostrar todas las entradas

martes, 5 de agosto de 2008

Semana crucial para definir el futuro de la lucha docente

Matías Malagoli

Los educadores esperan que Cristina traiga dinero para destrabar el conflicto. Mañana, paritarias. El conflicto salarial que mantienen los docentes tendrá esta semana reuniones cruciales que determinarán la continuidad o no de las protestas de los trabajadores.

Desde el Sute (Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación) esperan que, dada la imposibilidad del Gobierno de otorgar el aumento con los fondos del presupuesto provincial, el dinero destinado a los sueldos de los docentes llegue desde la Nación. Y es que justamente esta semana el gobernador Jaque recibirá a la presidenta Cristina Fernández (que pisará tierras mendocinas el próximo jueves), por lo que desde el gremio se encuentran esperanzados que de este encuentro surja una solución para el conflicto que los educadores mantienen con el Ejecutivo local.

Entre ayer y hoy el sindicato mantuvo algunas reuniones con el Gobierno, y mañana se realizarán las paritarias. El jueves se decidirán en un plenario cuáles son las medidas a seguir tras el resultado de las negociaciones. No obstante, desde el Gobierno negaron la posibilidad de que lleguen fondos nacionales y dijeron que mantendrán firme su actual postura frente al conflicto, lo cual presagia el inicio de una nueva etapa de protestas.

Reclamo unificado
Los tres principales gremios que están en pugna con el Gobierno por las mejoras salariales (ATE Salud, Sute y los empleados judiciales) coincidieron en la necesidad de unirse para llevar a cabo un plan de lucha colectivo. Desde el gremio docente manifestaron la necesidad de la unidad a la hora de llevar a cabo el reclamo. “Desde este gremio en conjunto con CTA venimos favoreciendo la unidad hace más de 10 años”, explicó Cristina Razzo, del Sute.

“Queremos unificar un plan de acción porque necesitamos llevar a cabo reclamos colectivos”, explicó la titular de ATE, Raquel Blas. “Además, ninguno de los reclamos aislados que los sindicatos han realizado ha motivado alguna acción por parte del Gobierno”, agregó la gremialista. Respecto a las medidas de fuerza que llevará a cabo su gremio, Blas dijo que son “inminentes”, al igual que una posible protesta conjunta.

En tanto, Carlos Ordoñez, titular del gremio judicial, dijo que su sindicato lleva mucho tiempo trabajando con los restantes gremios de base. Reclamó además la reapertura de las negociaciones salariales y aclaró que no tienen ninguna medida de fuerza pautada para la visita de la Presidenta.

En la Subsecretaría de Trabajo afirmaron que se ha respetado el derecho a huelga y que sólo puede ser sancionada una medida durante la conciliación obligatoria.

Ciudadano Diario Mendoza, 05 – 08 – 08

La Quinta Pata

domingo, 3 de agosto de 2008

La pobreza crece más en zonas rurales de Mendoza

En general, los peones rurales trabajan en condiciones de precariedad.(Foto:Walter Moreno)

Diana Chiani

También son los más afectados en lo que a infraestructura respecta. Una encuesta marca la involución de regiones populosas en el mapa de los que menos tienen.

A esta altura, son pocos los argentinos informados que no intuyen, al menos, que por cada punto de inflación se generan más pobres en el país. Para muchos, tampoco es novedad que los sectores rurales suelen ser los más castigados por la pobreza. No obstante, el aún fresco conflicto agrario -que sacó a la luz sólo a los grandes pooles sojeros- y las muy cuestionadas mediciones sociales y económicas del Indec, inciden en algunos "olvidos", valga la redundancia, de los más olvidados.

Es que en Mendoza, por un lado, los departamentos que poseen zonas rurales se presentan -desde hace años- como los más pobres.

Por el otro, las cifras que muestra el organismo oficial de estadísticas es considerablemente menor a las que ofrecen los estudios privados.

En este sentido, mientras la consultora Evaluecon -que viene evaluando pobreza e inflación desde fines de 2007- estima para la provincia entre 22% y 27% de pobres, el Indec asegura que esa cifra es de poco más de 15%.

Así, al desagregar los números, se observa que sólo en Lavalle 35% de la población es pobre, 4% más que hace siete años. Es decir que más de 11.000 personas no acceden a la Canasta Básica Total (que incluye bienes y servicios).

"Se trata de un porcentaje alto debido a que estamos hablando de una población pequeña", explicó José Vargas, economista al frente de la consultora.

Agregó que tanto en Lavalle como en zonas similares trabajan los dos miembros de la familia y, a veces, al menos uno de los hijos.
Leer todo el artículo
En la lista de los más pobres sigue La Paz, Tupungato, Malargüe, Santa Rosa, General Alvear y Las Heras. Todas zonas, con excepción de la última, que tienen altas proporciones de población rural y, algunas, en donde las cifras sorprenden; teniendo en cuenta la riqueza del lugar ya sea por la presencia de bodegas y viñas de alta gama ya sea por el cobro de regalías petroleras.

Son estas regiones, además, las que el Censo 2001 también marcó como sitios con mayor porcentaje de Necesidades Básicas Insatisfechas; un indicador de pobreza estructural que mide hacinamiento, vivienda, condiciones sanitarias, asistencia escolar y capacidad de subsistencia.

El análisis de Evaluecon aclara que los mayores niveles de pobreza se siguen centrando en los departamentos más alejados del Gran Mendoza y donde, además, es más difícil el relevamiento por parte de los encuestadores oficiales para poder llevar una estadística más "real "de lo que ocurre en la provincia.

"El campo es el gran olvidado porque, además, casi ninguna estadística lo representa", asegura el licenciado Sergio Papi, economista y asesor de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme).

Retrocesos
Otro estudio de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de Mendoza (DEIE) realizado en octubre de 2006 acerca de las condiciones de vida en las áreas rurales y urbanas señala que 23% de los hogares rurales de la provincia se encontraba bajo estas condiciones mientras que en las ciudades ese número bajaba a la mitad.

Algo similar sucedió con las cifras de la pobreza que prácticamente se duplicaban en el campo mendocino.

"Las mejoras de los índices macroeconómicos que existieron entre 2003 y 2006 corren el riesgo de desaparecer por el proceso inflacionario que borra de un plumazo todo lo logrado y lleva gente de vuelta a la pobreza; más allá de que estén empleadas o no", explica Papi.

No hay que perder de vista que 75% de los peones rurales del país trabaja en condiciones de precariedad laboral con sueldos no mayores a $700, por no mencionar el trabajo temporal.

Al respecto, Vargas coincidió en que la población del campo se encuentra en condiciones grandes de informalidad. En especial debido a que priman los trabajos temporales al mismo tiempo que se encarecen los productos alimenticios.

Por su parte, Guillermo Ander Egg -al frente del Programa Social Agropecuario dependiente de la Secretaría de Agricultura de la Nación- declaró que, en términos relativos, es mayor la pobreza rural que la urbana, en especial teniendo en cuenta las condiciones laborales y de acceso a servicios públicos.

Hay que tener en cuenta, además, que Mendoza es segunda en lo que a producción caprina respecta y que quienes viven de esta actividad, por lo general, son puesteros históricamente postergados e invisibles en términos de incidencia de políticas públicas.

"La mayoría vive en condiciones precarias de vida en las que se conjugan distancias excesivas, difícil acceso a los lugares, alta dispersión de los productores, tenencia precaria de la tierra e infraestructura deficitaria o inexistente", explicó el funcionario, cuya área de influencia intenta trabajar con pequeños productores familiares para fortalecer actividades productivas y organizativas.

Así, el campo mendocino contrasta con el de las rentas extraordinarias de otras regiones. En tanto, el gobierno debería planificar mejor para que no sean unos pocos los que pueden vivir del agro.

Riqueza para pocos


En las zonas rurales existe una contradicción entre el campo pujante y tecnológico con la realidad de miles de pequeños productores y ni que hablar de los peones y trabajadores temporales que no poseen continuidad laboral.

"La bonanza de ciertos sectores rurales no tendió al efecto derrame del que se hablaba en los 90. Por el contrario, las porciones más ricas acumulan cada vez más riqueza mientras que los pobres tienen cada vez menos", explicó el economista Sergio Papi.

Esta realidad se observa, por ejemplo, en Tupungato y Malargüe donde la distribución inequitativa de los ingresos se percibe de manera cotidiana y se agrava con el proceso inflacionario; más allá de cualquier número macroeconómico positivo. En Santa Rosa, en cambio, los contrastes son menores.

Pero el proceso inflacionario y la creación de nuevos pobres también afectó a departamentos populosos y con grandes centros urbanos como Las Heras y Guaymallén.

Estos, en 2001, tenían a 16,2% y 13,5% de la población debajo de la línea de pobreza mientras que esos índices aumentaron a 25 y 17 respectivamente.

"La disminución del salario en términos reales es lo que ha provocado el cambio y la problemática se nota más al estar en zonas muy pobladas", advirtió el responsable de Evaluecon, José Vargas.

Las bases del análisis


El trabajo realizado por Evaluecon no mide la pobreza como insuficiencia del ingreso para satisfacer ciertas necesidades, sino que utiliza una definición de pobreza en términos de la privación de capacidades y, en este sentido, se sondea a las familias para determinar cuánto dinero necesitan para no considerarse o sentirse pobres.

Este informe es el complemento de uno anterior que arrojó que, por cada punto de inflación, unas 5.500 personas pasan a ser o sentirse pobres en la provincia.

El presente estudio "desagrega" la pobreza por el lugar geográfico donde reside la familia en el momento de la encuesta o relevamiento en particular.

Para evaluar el impacto de la pobreza, la consultora trabajó con sus propios datos de inflación y costos de la Canasta Básica Total a los que sumó información de la base usuario ampliada de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec.

Sergio Papi insiste en la necesidad de que las mediciones oficiales vuelvan a ser creíbles para el correcto desarrollo de políticas públicas.

Números


N.B.I. En 2006, 23,1% de hogares rurales y 11,5% en urbanos. El 32,1% de las familias era pobre en el campo mientras que en las ciudades la cifra era de 20,7% ; según el Estudio de Condiciones de Vida de Hogares Rurales y Urbanos de la DEIE que no incluyó Godoy Cruz ni Capital.

Involución. En 2001, Lavalle tenía 31,5% de pobreza; Tupungato, 26,3%; La Paz, 21,1% y Malargüe 22,7%.

Los Andes, 03 – 08 – 08

La Quinta Pata

sábado, 2 de agosto de 2008

La baja de 198 celadores enfrenta al Gobierno jaquista y al cobismo

Limpieza. Los celadores contratados en el segundo semestre de 2007 cesaron en sus cargos o lo harán pronto.

Javier Polvani

La DGE los desafectó porque dice que fueron contratados durante los meses previos a las elecciones del 2007, contra la Ley de Responsabilidad Fiscal. Los radicales K argumentan que fue para suplirlos por peronistas.

Las autoridades de la Dirección General de Escuelas les dieron de baja a los que ingresaron en los seis meses previos al traspaso del gobierno y denunciaron ante la Fiscalía de Estado a los funcionarios del organismo que salieron en diciembre. Como contrapartida, la Concertación pagará un asesor legal para los celadores dados de baja y promoverá desde la Legislatura la restitución de los puestos de trabajo.

Los celadores que fueron dados de baja son los que se incorporaron entre el 30 de junio y el 10 de diciembre de 2007. En defensa de éstos se pronunciaron ayer intendentes y legisladores cobistas, quienes se reunieron en Rivadavia con algunos trabajadores afectados y representantes del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE).

Sebastián Brizuela, director de Recursos Humanos de la DGE, confirmó que son 198 los celadores que fueron desafectados. Explicó que las bajas se produjeron en virtud de la Ley de Responsabilidad Fiscal, según la cual no se pueden incorporar agentes al Estado en los seis meses previos al cambio de gobierno.
“Se dieron de baja a todos los que fueron contratados en forma ilegal y después se atendieron casos particulares que fueron reincorporados”, respondió Brizuela a este diario. Los destinatarios de la medida recibieron un memo en el que se les informaba de la situación, aunque hay algunos celadores cesanteados que aún no lo recibieron, lo que sucederá en los próximos días.

Brizuela reconoció que nuevos celadores fueron nombrados para muchos de los puestos que quedaron vacantes por la resolución Nº713 de la DGE. Otros no necesitaron remplazo porque no eran necesarios.
El funcionario confirmó que fue radicada una denuncia en la Fiscalía de Estado en la que se da cuenta de una presunta violación a la Ley de Responsabilidad Fiscal en la contratación de celadores durante los últimos meses del gobierno provincial de Julio Cobos.
Leer todo el artículo
Contra esta postura, algunos celadores dados de baja encontraron un eco favorable a su posición en el SUTE y en el cobismo durante una reunión realizada ayer en Rivadavia.

El intendente local, Gerardo del Río, les ofreció el asesoramiento de un abogado que finalmente costeará la Concertación, “para no involucrar al Municipio institucionalmente en esto”, argumentó.

En la reunión también estuvieron Alexander Maza, Gerardo Soria, Luis Petri y Florinda Seoane, legisladores de la Concertación Ciudadana. “Vamos a activar los mecanismos de defensa de los derechos de las personas que tiene la Legislatura”, advirtió Maza.

Alexander Maza: “un chanchullo de la peor calaña”


El uso clientelar de los cargos a favor de las apetencias electorales de los partidos políticos es lo que aparece en el fondo de la pelea entre las actuales autoridades de la DGE y los cobistas que salieron a criticar la baja de los celadores contratados en el segundo semestre del 2007.

Sebastián Brizuela, jefe de Recursos Humanos de la DGE, calificó de “ilegales” las contrataciones. La ley violada, según la argumentación oficial, es la de Responsabilidad Fiscal, en la parte que prohíbe las contrataciones en los meses previos a las elecciones.

La cláusula prohibitiva de la ley se impuso para evitar que con plata del Estado se rentaran voluntades con objetivos electorales. Eso hicieron los funcionarios de la DGE durante la gestión de Julio Cobos, consideran los jaquistas que los remplazaron desde el 10 de diciembre.

En la vereda de enfrente, los cobistas rechazan esas acusaciones y levantan la apuesta calificando la avanzada contra los celadores como “un chanchullo de la peor calaña”, en palabras del diputado Alexander Maza. “Es indigno agarrárselas con trabajadores que cobran entre $800 y $1.000”, sumó el legislador en su ataque a la medida del jaquismo.

Maza rechazó que el gobierno de Cobos haya usado políticamente esos nombramientos. Explicó que las contrataciones se hicieron por la necesidad de las escuelas de contar con más celadores y que no se afectó a ese tema más plata de la que estaba presupuestada.

Brizuela reconoció que tras darles de baja a los celadores nombrados durante el gobierno anterior se debió contratar a otras personas para remplazarlos. Y dijo que entre los dados de baja se reincorporaron los que tenían situaciones particulares complejas. Entre éstos, algunos jefes de familias numerosas o padres de discapacitados.

La mejor prueba
Para los cobistas, el hecho de que los cesanteados hayan sido remplazados es la mejor prueba de que “esta movida es una venganza política que castiga a trabajadores inocentes. Y para colmo, atrás hay un interés mezquino de quedarse con los cargos libres para repartir entre los amigos del gobierno”.

Diario Uno, 02 – 08 – 08

La Quinta Pata

viernes, 1 de agosto de 2008

Por despido de periodistas Analía Boggia y Jorge Fernández Rojas pararon los trabajadores de diario Los Andes

En la tarde del 31 de agosto fueron despedidos los periodistas y este acto derivó en un paro de actividades por parte de la redacción. Piden la reincorporación de los cesanteados.

Jornada agitada la que vivió el personal periodístico de Diario Los Andes. El jueves 31, alrededor de las 17, los periodistas Analía Boggia y Jorge Fernández Rojas fueron despedidos de sus trabajos y esta actitud motivó que casi la totalidad de la redacción periodística parara con sus funciones habituales.

Mientras el clima se tornaba cada vez más tenso, los trabajadores se constituyeron en asamblea para poder efectuar distintos reclamos.

De esa reunión, se emitió el siguiente acta:
"En el día de la fecha, 31 de julio de 2008, los trabajadores de Diario Los Andes reunidos en Asamblea -con comunicación al subsecretario de Trabajo y al Ministerio de Trabajo de la Nación, en la sede de la empresa Diario Los Andes Hnos. Calle S.A. con CUIT 30-50009477-6-, en forma conjunta con autoridades del Sindicato de Prensa de Mendoza, asisten en defensa de los derechos de los trabajadores conforme a lo establecido por la ley 23.551, ley 12.908, y decreto ley 13.839/46 y a pedido de la asamblea, solicitan a la empresa en función de las medidas adoptadas por ésta: la reincorporación inmediata de los trabajadores Analía Boggia DNI 27.765.658 y Jorge Fernández Rojas DNI 16.553.929, separados de sus puestos de trabajo en el día de la fecha, sin causa, en forma verbal, ni comunicación fehaciente, y solicitan el amparo de todos los trabajadores abajo firmantes.

En este contexto, quienes suscriben adoptan la medida de retención laboral, que se extenderá hasta tanto se dé una respuesta favorable a lo arriba mencionado.

La resolución acordada por esta Asamblea responde estrictamente a la acción directa de la empresa al despedir a dos trabajadores, en el marco de las negociaciones paritarias en curso, las que tratan entre otros aspectos, el incremento salarial conforme a lo establecido en Acta con fecha 1° de julio del corriente año presentada en el expediente ante el Ministerio de Trabajo, Regional Mendoza (Paritaria)".
Leer todo el artículo
El acta está firmado por casi sesenta trabajadores de prensa del citado matutino.

La palabra de la empresa
Voceros de Los Andes hicieron conocer un comunicado en el que dan su postura sobre los despidos de los periodistas.

"La desvinculación de la señorita Analía Boggia y del señor Jorge Fernández Rojas responde a causa de orden estrictamente laboral, en razón de que el estilo de trabajo en el ámbito periodístico de las personas desvinculadas no se ajusta a la cultura organizacional que la empresa pretende. Estas diferencias mencionadas originan a la conducción de la empresa una incomodidad que es del conocimiento del conjunto de la organización".

"Ante la insistencia de versiones que atribuyen la desvinculación de estas personas a reclamos salariales, resulta necesario aclarar que la decisión de la empresa es totalmente ajena a tales circunstancias".

Edición de urgencia
Sin dudas, la medida de fuerza afectó el corriente accionar del diario, y la edición de hoy viernes fue realizada por la mayoría de sus editores periodísticos. Los Andes salió a la calle alrededor de las 6 de la mañana cuando habitualmente lo hace a las 12 de la noche.

Según algunos trabajadores consultados, "vamos a seguir con la retención laboral hasta que se reincorporen los despedidos". Mientras tanto, la noticia sobre la situación ha alcanzado los despachos gubernamentales.

Durante la mañana de viernes primero de agosto, presentarán el petitorio que firmaron un día antes, en la Subsecretaría de Trabajo. Y ahí cuando salga la conciliación obligatoria se levantaría el paro que mantienen los periodistas.

MDZ Online y Redacción La Quinta Pata, 01 – 08 – 08

La Quinta Pata

Ayer comenzó la Campaña de los Pañuelos de las Madres en Plaza San Martín

(ver las fotos de la campaña)






Campaña de los Pañuelos de las Madres en Plaza San Martín

La Quinta Pata