Ángel Páez
LIMA. No era difícil ubicar los cuerpos, que se encontraban a flor de tierra. Pero los campesinos de la sureña comunidad peruana de Putis tuvieron que porfiar 24 años para que los exhumaran. En 1984, 125 hombres, mujeres y niños fueron fusilados por miembros del ejército luego de cavar sus propias tumbas.
La más grande masacre de civiles de la guerra interna peruana (1980-2000), apenas sale a luz por el empeño de los familiares de los caídos. Se han encontrado desde el 17 de mayo 60 cuerpos, entre ellos 10 de niñas y niños de entre seis y 10 años de edad.
Cuando IPS recorrió la zona, en noviembre de 2006, constató que los deudos deambulaban por oficinas públicas pidiendo que desenterraran a los muertos de la masacre de Putis, ubicada en el distrito de Santillana, provincia de Huanta, en la andina región de Ayacucho.
En virtud de normas dispuestas por el gobierno para las víctimas de un conflicto que dejó casi 70.000 muertos, para conseguir justicia y reparación, los deudos deben acreditar primero la muerte de sus seres queridos.
En esa ocasión, IPS halló a Gerardo Fernández, uno de los sobrevivientes. Desesperado por el olvido de las autoridades, consiguió después de años elaborar un registro de los muertos, entre los que se encontraban su madre y su hijo de tres años. Él fue uno de los que contribuyó a la ubicación de las tumbas clandestinas.
"La exhumación de Putis es un caso muy especial por su carácter humanitario: nadie escuchaba a los pobladores, en su mayoría quechuahablantes. Además, el desentierro no lo está haciendo una entidad del Estado sino de la sociedad civil, el Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF)", explicó el presidente de la no gubernamental Asociación Paz y Esperanza, Norberto Lamilla, que coordina las labores.
"Es al Instituto de Medicina Legal (IML, dependiente de la fiscalía), al que le corresponde esa tarea", dijo Lamilla. "Pero, por la falta de colaboración, por la negativa del IML, tuvimos que recurrir al EPAF", agregó.
Leer todo el artículo - Cerrar"El IML decía que no tenía fondos, que no contaban con tiempo y al final salieron con el pretexto de que era una zona distante y peligrosa y que primero necesitaban un informe de inteligencia para viajar. No les importaba que se tratara de la fosa más grande de que se tiene recuerdo", sostuvo.
"Los restos de los cuerpos estaban a la vista y, con el paso del tiempo, habían comenzado a perderse", manifestó Lamilla.
"Los campesinos necesitaban cerrar el duelo, identificar a sus familiares y enterrarlos cristianamente. Pero ver los huesos a la intemperie, sin que el Estado hiciera nada, los afectaba mentalmente", explicó.
La masacre de Putis está consignada en el informe de la independiente Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), publicado en 2003, que recomendó exhumar los cadáveres, investigar y sancionar a los culpables.
Sólo se sabe que los oficiales que dirigieron el operativo responden a los apelativos de "capitán Baretta", "comandante "Óscar" y "teniente Lalo". El jefe político-militar de la zona de Ayacucho era por entonces el general Wilfredo Mori Orzo.
"Los comuneros fueron reunidos por los militares con engaños, obligados a cavar una fosa y luego acribillados por los agentes del orden", en diciembre de 1984, sostiene el reporte de la CVR.
El ejército combatía a la guerrilla del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), pero sobre todo al más poderoso Sendero Luminoso, la insurgencia maoísta muy activa en esa zona.
"En 1984, se incrementó el accionar subversivo. Las alturas de Santillana se habían convertido en una zona de activa presencia de militantes de Sendero Luminoso, pues éstos constantemente ingresaban solicitando apoyo a los campesinos, e instándolos a participar en su lucha armada. Frente a tal situación, se instaló una base militar en la comunidad de Putis, que comenzó a operar a partir de noviembre de 1984", relata el informe.
Al mes siguiente, se cometió la matanza.
Los militares acusaban a los pobladores de apoyar a Sendero Luminoso, cuando en realidad los campesinos vivían bajo el temor de la guerrilla, por su práctica de asesinatos a quienes no se sumaban a sus filas o colaboraban con el ejército.
Ante el doble hostigamiento, muchos pobladores abandonaron sus viviendas y se dispersaron en distintas comunidades de esa zona ubicada a más de 3.500 metros de altitud. Pero el ejército los convenció de que regresaran a Putis bajo resguardo militar.
"La propuesta de los militares fue que fijaran su residencia en la parte baja, ofreciéndoles de esta manera una mejor protección contra la subversión, aunque en realidad para los militares, muchos de ellos también eran sospechosos de cooperar con la subversión", señala informe de la CVR.
"Cansados de vivir en los cerros y en medio de dos fuegos, acosados por los subversivos por un lado, y por las fuerzas del orden, del otro, los comuneros aceptaron la propuesta y se mudaron a Putis, llevando todas sus pertenencias", agrega.
"Los efectivos del orden recibieron a los pobladores" y "los reunieron en el local donde funcionaba el colegio, juntándolos con otros pobladores a quienes los soldados habían sacado de sus viviendas. Les aseguraron que a partir de ese momento les darían protección y colaborarían con ellos en diversas obras para mejorar la calidad de vida de la población", prosigue el relato de la CVR.
"Con ese pretexto los militares ordenaron a los varones, apuntándolos con sus armas, que caven una gran poza; a algunos les dijeron que era para construir una piscigranja (sic) en la que criarían truchas, mientras a otros, les aseguraron que allí construirían casas", continúa el reporte.
"Cuando estuvo lista la supuesta piscina, los efectivos militares reunieron al centenar de pobladores alrededor de la poza, entre los que había hombres, mujeres y niños, y sin mayor explicación les dispararon a matar", afirma.
Los militares se apropiaron y vendieron los animales de las víctimas. Para encubrir el crimen, filtraron a la prensa información de un presunto enfrentamiento en el que cayeron 15 guerrilleros.
Durante la exhumación, los peritos del EPAF han hallado proyectiles de armas largas de uso militar.
En 2003, la CVR pidió al Ministerio de Defensa y al ejército la lista de los oficiales que prestaron servicios en la zona en 1984. La respuesta fue que no existía información.
"Se sabe por los testigos que fueron efectivos del ejército de una base contrasubversiva que se instaló por un período de dos a tres años en Putis y que dependía de los cuarteles de San José de Secce, en Santillana, y del cuartel de Castropampa, en Huanta, que a su vez dependían de la sede del Comando Político Militar de Huamanga, Ayacucho", dijo Lamilla.
Mori Orzo asumió la jefatura de ese Comando en agosto de 1984. "Estamos en proceso de reconstruir primero la cadena de mando y luego la responsabilidad de los oficiales", agregó.
El titular de la Segunda Fiscalía Supraprovincial de Derechos Humanos de Ayacucho, Rubén López, se encuentra en Putis supervisando la exhumación. La tarea es penosa porque la tumba está emplazada en una zona difícil. El primer día de labores, los peritos encontraron restos óseos de 25 personas y 15 casquillos de bala.
Los familiares participan de las labores para ayudar a identificar los restos por sus ropas, anillos, calzado, o algún otro objeto personal.
"La extrema pobreza en Putis es clamorosa. La gente no tiene para comer y mucho menos para pagar un ataúd, así que estamos convocando a todos los interesados en colaborar con la sepultura de las víctimas de este pueblo", dijo Lamilla.
"En Putis mataron a familias completas: a los Condona Quispe, a los Centeno Chávez, a los Gamboa Ccente, a los Madueño Curoi, a los Condoray Huallasco", había dicho a IPS Gerardo Fernández en Santillana. "¿Quién va a reclamar por ellos si todos están muertos?", se preguntó. (FIN/2008)
IPS, 30 – 05 – 08
